La legisladora Magdalena Odarda impulsa una iniciativa para retrotraer la venta de tierras en el cerro Carreras que terminaron bajo dominio de Emiratos Árabes Unidos. La operación comenzó en 2008 con la venta del entonces gobernador Miguel Saiz y concluyó en manos del expolista Hugo Barabucci con una donación millonaria del país árabe.

La legisladora provincial Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, presentó un proyecto de ley para anular la operación inmobiliaria que finalizó con la compra de 14.689 hectáreas ubicadas en el cerro Carreras de la zona cordillerana de Río Negro, con fondos aportados por el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

‘El presente proyecto de ley tiende a retrotraer los efectos jurídicos de una de esas operaciones inmobiliarias: se trata de aquella que permitió que tierras del Estado rionegrino terminaran bajo el dominio del Estado de EAU, en un lapso de solo 9 años y mediante una trama de negocios inmobiliarios’, afirmó Odarda.

La iniciativa declara ‘lesiva al interés general’ la escritura de dominio número 70/2008 suscripta por el exgobernador Miguel Saiz y los actos administrativos dictados en consecuencia. Se trata de la escritura del 30 de abril de 2008 que otorgó en venta las 14.689 hectáreas a Miguel Guajardo (ex intendente de El Maitén) y Uberfil Carrillanca, ‘vinculado al magnate inglés Joseph Lewis’, según la legisladora.

La parcela se encuentra incluida en Zona de Frontera según decreto PEN N°887/94. El precio fijado de la operación fue de $1.330.830,37, equivalente a $90,6 por cada una de las hectáreas. Según reconstruyó Odarda, Guajardo y Carrillanca solo abonaron el 10% del total, constituyendo hipoteca sobre el saldo.

A menos de un año de celebrado el contrato, Guajardo canceló la hipoteca el 16 de junio de 2009 y un mes después vendió los derechos al empresario Marcelo Mindlin. La legisladora advirtió que Mindlin fue beneficiado por operaciones directas del Estado rionegrino durante el gobierno de Saiz, y que fue representado por el Dr. Lisandro Allende, imputado junto a Joseph Lewis por evadir mediante simulación y fraude la legislación argentina en la compra de 11.000 hectáreas circundantes al Lago Escondido.

‘Mindlin compró y escrituró a su nombre tres campos el mismo día en 2009, en abierta violación a la ley provincial de Tierras vigente hasta la sanción de la ley 5705 en el año 2023’, aseguró Odarda. Posteriormente, mediante escritura del 14 de marzo de 2017, Mindlin vendió a Hugo Alberto Barabucci tres fracciones contiguas en el Alto Río Chubut, afectando a las comunidades indígenas Kom Kiñé Mu, Lof Cayunao y Lof las Huaytecas.

El precio por las tres parcelas fue de 2.050.165 dólares estadounidenses. La parcela de 14.689 hectáreas se fijó en 1.562.802 dólares ‘los que fueron donados por el Estado de Emiratos Árabes Unidos’, señaló la legisladora. El expolista Barabucci había declarado en abril pasado ante un tribunal de Bariloche que había comprado el campo con una donación millonaria de Emiratos Árabes Unidos.

Mediante escritura del 19 de enero de 2018, se creó el ‘Fideicomiso Amaike’ con Jorge Daniel Ortiz como Fiduciante Clase ‘A’, presidente de la firma Manzil SA vinculada al Estado de EAU, y Hugo Alberto Barabucci como Fiduciante Clase ‘B’. La empresa Manzil SA cuenta entre sus últimas adquisiciones con el aeropuerto de Bahía Dorada, comprado al magnate inglés Joseph Lewis.

El proyecto de ley instruye a la Fiscalía de Estado de Río Negro para que inicie acción judicial de lesividad contra Barabucci y/o el Fideicomiso Amaike, con el objetivo de obtener la declaración de nulidad absoluta e insanable de las operaciones inmobiliarias. La iniciativa busca que se declare la violación de la normativa de orden público en materia de defensa nacional y control de zonas de fronteras, ‘posibilitando la cesión de parte del territorio rionegrino al Estado de Emiratos Árabes Unidos’.

Finalmente, la propuesta prevé comunicar al Poder Ejecutivo provincial para que realice todos los actos conducentes a la toma de posesión del inmueble y aquellos inherentes a la regularización de la situación jurídica resultante de dicha medida.