A 13 años de la sanción de la Ley Orgánica de Educación de Río Negro, la legisladora Daniela Agostino presentó un proyecto para crear una comisión que revise, monitoree y controle su aplicación. La iniciativa busca fortalecer el seguimiento del sistema educativo provincial e implementar mecanismos de evaluación que la propia normativa contempla pero que hasta ahora no se han puesto en marcha.

La diputada provincial Daniela Agostino presentó ante la Legislatura de Río Negro un proyecto que propone la creación de una comisión especial destinada a revisar, monitorear y controlar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación, conocida como Ley 4819. La iniciativa surge a 13 años de la sanción de dicha normativa y apunta a cubrir una deuda pendiente en materia de seguimiento del sistema educativo rionegrino.

Según explicó la propia legisladora, el diagnóstico sobre el estado actual del sistema educativo de la provincia evidencia la ausencia de herramientas concretas de evaluación y monitoreo, pese a que la misma ley las prevé desde su sanción. En ese sentido, el proyecto plantea avanzar en la implementación efectiva de esos mecanismos, que hasta el momento no han sido aplicados de manera sistemática.

Agostino fundamentó la iniciativa señalando la necesidad de contar con instrumentos institucionales que permitan evaluar el funcionamiento del sistema educativo y garantizar que la normativa vigente se cumpla en todos sus aspectos. La comisión propuesta tendría entre sus principales funciones el seguimiento periódico de la aplicación de la ley y la elaboración de informes sobre su estado de implementación.

La Ley 4819 es el marco regulatorio que rige la educación en Río Negro y su sanción, hace más de una década, representó un hito en la organización del sistema educativo provincial. Sin embargo, según la legisladora, el tiempo transcurrido sin mecanismos formales de control ha generado vacíos que este proyecto busca subsanar.

La propuesta fue presentada en el marco del debate legislativo provincial y deberá seguir el proceso parlamentario habitual antes de ser aprobada. De avanzar, representaría un paso concreto hacia una gestión educativa más transparente y sujeta a evaluación institucional en la provincia de Río Negro.