La Legislatura aprobó con 29 votos a favor y 8 en contra un proyecto que autoriza el uso de pistolas Taser, gas pimienta y balas de goma. La norma establece capacitación obligatoria y registro audiovisual de cada intervención para garantizar transparencia y prevenir abusos.

La Legislatura de Río Negro aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley que regula el uso de armas menos letales por parte de la Policía provincial. La iniciativa, impulsada por la legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), obtuvo 29 votos a favor y 8 en contra, y busca dotar a la fuerza de seguridad de herramientas modernas que permitan una intervención proporcional, reduciendo riesgos tanto para ciudadanos como para el personal policial.

Actualmente, los agentes que trabajan en la vía pública cuentan habitualmente con una pistola calibre 9 mm como arma reglamentaria. Sin embargo, los fundamentos del proyecto advierten que el uso de armas de fuego debe limitarse a situaciones de riesgo real e inminente para la vida. En muchas operaciones cotidianas, el uso de un arma letal resulta desproporcionado, por lo que se necesitan opciones intermedias para neutralizar amenazas sin consecuencias irreversibles.

La ley define a las armas menos letales como aquellas diseñadas para incapacitar, disuadir o controlar a una persona disminuyendo significativamente la probabilidad de producir lesiones graves o la muerte. Entre los dispositivos autorizados se incluyen pistolas tipo Taser o Axon, aerosoles irritantes como gas pimienta, proyectiles de impacto controlado como balas de goma o polímeros especiales, granadas aturdidoras acústicas o luminosas y lanzadores de agentes irritantes para control de multitudes.

Para evitar abusos, la normativa establece condiciones estrictas. Solo podrán utilizar estas armas los efectivos que hayan recibido capacitación específica y aprobado los protocolos de entrenamiento técnico y operativo. La Policía deberá llevar un registro riguroso del personal habilitado, el instructor y las fechas de certificación. Además, todo procedimiento donde se utilicen estas armas deberá ser registrado obligatoriamente mediante sistemas de audio y video, permitiendo su posterior revisión administrativa o judicial.

Las herramientas solo podrán usarse en escenarios específicos: para inmovilizar a quien represente un peligro inmediato, en defensa propia o de terceros, para impedir un delito de acción pública o para controlar situaciones de violencia donde otros medios resulten insuficientes. El peligro inminente estará justificado ante ataques violentos, episodios con armas blancas o situaciones donde la cantidad o actitud de los agresores limite la posibilidad de defensa de los agentes.

Durante su fundamentación, Mansilla explicó que se trata de una iniciativa reiteratoria de un proyecto presentado en 2024, y remarcó la necesidad de adecuar la normativa provincial a estándares internacionales en materia de seguridad y derechos humanos. Recordó que tras la reforma constitucional de 1994, Argentina adhirió a convenios internacionales que recomiendan priorizar el uso de medios no violentos antes de recurrir a armas de fuego. ‘En Río Negro esto no quedó establecido en la ley vigente, que solo contempla el uso de armas letales’, advirtió.

La legisladora también puso el foco en la formación policial actual. Señaló que un suboficial puede egresar en nueve meses y ya portar un arma de fuego, lo que refuerza la necesidad de contar con alternativas intermedias dentro de un esquema de uso progresivo de la fuerza. ‘Hay situaciones donde el uso de un arma de fuego es desproporcionado, como en casos de personas con crisis de salud mental, intentos de autolesión o intervenciones con terceros en riesgo’, sostuvo.

Mansilla subrayó que el uso de estos dispositivos estará limitado a personal especialmente capacitado y destinado a unidades específicas, como brigadas operativas, y no formará parte del equipamiento cotidiano de todos los agentes. La capacitación será continua y obligatoria. Finalmente, planteó la necesidad de abrir un debate más amplio sobre el modelo de seguridad provincial: ‘Tenemos que construir una política de Estado que trascienda los gobiernos, con una policía capacitada, profesional y con herramientas acordes a los desafíos actuales’.

El legislador Santiago Ibarrolaza también expresó su respaldo al proyecto y lo calificó como una norma ‘integral y de vanguardia’, aunque advirtió que el paso del tiempo y las nuevas modalidades delictivas exigen una actualización constante. Remarcó que la incorporación de estos dispositivos no implica un uso generalizado ni indiscriminado, sino que está pensada para situaciones excepcionales. Estas tecnologías ya son empleadas por fuerzas de seguridad en más de 100 países, incluidos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Brasil y diversas jurisdicciones argentinas.