La legisladora Magdalena Odarda presentó un pedido formal ante la Justicia Federal para acceder al expediente completo de la acción de lesividad sobre las tierras de Lago Escondido. El planteo surge tras la publicación de información sobre un posible acuerdo no difundido entre el gobierno nacional y la firma de Joe Lewis.
La controversia judicial por las tierras de Lago Escondido sumó un nuevo capítulo con la presentación realizada por la legisladora provincial Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4. La diputada solicitó el acceso inmediato al expediente que tramita la acción de lesividad sobre la adquisición de esos territorios en la década del 90.
La intervención de Odarda se fundamenta en información publicada por el medio ‘El Destape’, que advirtió sobre la posible existencia de un acuerdo no publicado entre el gobierno nacional y la firma Hidden Lake S.A., vinculada al empresario británico Joe Lewis. Según el planteo, además existirían restricciones para consultar las actuaciones judiciales, lo que motivó la presentación formal.
La acción de lesividad es una herramienta legal mediante la cual el propio Estado busca revisar actos administrativos que considera contrarios al interés público. En este caso particular, se trata de las autorizaciones otorgadas para la compra de miles de hectáreas en una zona de seguridad de fronteras, donde se encuentra una reserva estratégica de agua dulce como el lago.
Desde el entorno de la legisladora indicaron que se considera parte interesada en la causa, no solo por haber impulsado esta acción en instancias previas, sino también por su participación en el reclamo histórico por el libre acceso a las costas de Lago Escondido. Este proceso judicial lleva más de dos décadas y aún aguarda una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la presentación judicial, realizada junto a los abogados Ernesto Montecino Odarda y Martín Palumbo, se solicitó además que se rechace cualquier intento de cerrar el proceso mediante acuerdos cuya información no sea pública. El planteo apunta a garantizar el acceso a la información y la transparencia en una causa que involucra bienes considerados de interés colectivo.
Cabe recordar que en 2023 el Estado nacional, a través del Ministerio del Interior, declaró lesivas al interés general las autorizaciones que permitieron la adquisición de estas tierras por parte de capitales extranjeros. Esa decisión abrió la vía judicial que hoy se encuentra en trámite y que podría derivar en la recuperación de esos territorios.
Finalmente, Odarda sostuvo que la naturaleza del caso excede el ámbito privado, al involucrar recursos estratégicos y decisiones vinculadas a la soberanía nacional. Por ello insistió en que el expediente debe ser accesible y no puede permanecer bajo restricciones que limiten el control público sobre su desarrollo.
