Legisladores rionegrinos impulsan modificaciones a una ley de 1996 para garantizar que los arcos y estructuras deportivas estén anclados al piso. La iniciativa surge tras la muerte de Joaquín Gatto, un niño de 12 años que falleció cuando un arco cayó sobre él en Junín de los Andes.

Los accidentes en espacios recreativos infantiles se han vuelto cada vez más frecuentes en la provincia. En ese contexto, legisladores de Río Negro presentaron un proyecto para modificar la normativa vigente y establecer controles periódicos sobre la infraestructura deportiva, con el objetivo de prevenir tragedias como la que costó la vida a Joaquín Gatto.

El caso más reciente ocurrió en febrero de este año, cuando Joaquín, un nene de 12 años, murió después de colgarse de un arco que cayó sobre su cuerpo y lo dejó inconsciente mientras participaba de una actividad con un grupo de exploradores en Junín de los Andes. Aunque existe una ley que establece que estas estructuras deben estar ancladas, la normativa no se cumple de manera uniforme y carece de inspecciones regulares.

El proyecto es impulsado por los legisladores Juan Martín y Ofelia Stupenengo, ambos del PRO, y cuenta con el acompañamiento de Marcelo Szczygol, de Juntos Somos Río Negro. Szczygol, con una trayectoria como profesor de educación física, guardavidas y experiencia en áreas de Deportes tanto municipales como provinciales, aportó su mirada técnica a la iniciativa.

‘Participar en este proyecto para mí es importante, lo que es la seguridad de toda la gente que hace actividades físicas, más allá de que hablamos específicamente de infraestructura’, explicó Szczygol a NoticiasNet. El legislador destacó que los niños ‘por naturaleza si ven algo se quieren colgar o trepar y si no están anclados, el peso de estos instrumentos hace que sean peligrosos’.

Según datos alarmantes que Szczygol mencionó, son 17 las personas que en los últimos años han fallecido por accidentes con infraestructura deportiva o para actividad física en general. ‘Siempre pasa que la mayor cantidad de accidentes son con los arcos, pero también hay con postes de voley, con las haches de rugby, también con los arcos de handball’, detalló. En la región patagónica, además, existe una particularidad: por la cercanía con el desarrollo petrolero, muchas instituciones tienen arcos de metal muy pesados.

La propuesta busca modificar un artículo de la ley 3036, del año 1996, para no crear una normativa nueva sino actualizar la existente. ‘Lo que se busca es poner un artículo que hable de que todas las instituciones que tengan, ya sea ONG, municipios, clubes, que tengan infraestructura deportiva, que las tengan ancladas’, precisó el legislador.

La modificación legal también apunta a que la Secretaría de Deportes provincial pueda hacer inspecciones y trabajar en conjunto con los municipios y clubes en toda la provincia. ‘Es un resguardo preventivo para que no ocurra más, o lo menos posible al menos. Sabemos que el riesgo cero no existe, pero si sabemos que nos podemos ocupar de eso, más que nada porque solamente es fijarse que el arco esté bien anclado y sujeto al piso’, sostuvo Szczygol.

El legislador también remarcó la importancia de regular no solo los deportes organizados, sino toda actividad física. ‘No todo es deporte. No todo se juega para ganar y la actividad física que hacen los chicos permanentemente en movimiento, es lo que predomina, por eso hay que regular en el ámbito público y privado, en los clubes y gimnasios. En todos los lugares en los que se hace actividad física’, enfatizó.

Más allá de esta cuestión puntual, la provincia arrastra otros antecedentes dolorosos. El caso de ‘Nico’ Gutiérrez en San Antonio Oeste causó un hondo pesar: falleció el 23 de febrero de 2018 por una descarga eléctrica mortal que recibió al tomarse del alambrado del campo de juego en el que participaba de un partido de fútbol con amigos en el club Racing. Dos años después, los jueces de Viedma condenaron a cuatro años de prisión a Paulo Sandoval (concesionario de la cancha) y Rubén Barilá (presidente del club), al considerarlos responsables del delito de homicidio culposo.