El diputado provincial Javier Acevedo (CC-ARI) presentó un proyecto para actualizar la Ley de Ética Pública de Río Negro. La iniciativa busca incorporar nuevos tipos de activos a las declaraciones juradas obligatorias de los funcionarios públicos, incluyendo criptomonedas, activos digitales, fideicomisos y fondos de inversión.

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro propone modernizar la normativa de Ética Pública provincial para adaptarla a los nuevos instrumentos financieros y fortalecer la transparencia en la gestión pública. La iniciativa fue impulsada por el diputado Javier Acevedo, del bloque CC-ARI.

La propuesta legislativa plantea incorporar la obligación de que los funcionarios públicos informen en sus declaraciones juradas sobre criptomonedas, activos digitales, fideicomisos y fondos de inversión, instrumentos que no están contemplados en la actual normativa pero que han ganado relevancia en los últimos años.

Además de ampliar los tipos de activos a declarar, el proyecto establece que los funcionarios deberán informar sobre vínculos comerciales, laborales o societarios previos al ejercicio de la función pública. Esta medida apunta a prevenir posibles conflictos de interés y garantizar una mayor transparencia en la gestión.

Otro aspecto destacado de la iniciativa es la accesibilidad a la información patrimonial. El proyecto prevé que los datos de carácter público de las declaraciones juradas puedan consultarse de manera gratuita a través de sitios web oficiales, facilitando el control ciudadano sobre el patrimonio de quienes ejercen cargos públicos.

La propuesta contempla también resguardos de privacidad, estableciendo que los datos sensibles vinculados a la seguridad personal y familiar de los funcionarios quedarán protegidos y no serán de acceso público, buscando un equilibrio entre transparencia y protección de la intimidad.

Con esta actualización de la Ley de Ética Pública, Río Negro buscaría ponerse a tono con las nuevas realidades económicas y financieras, reforzando los mecanismos de control y transparencia sobre el patrimonio de los funcionarios provinciales.