El bloque Incluyendo Bariloche presentó un proyecto de ordenanza para que el Municipio inicie acciones judiciales que determinen la validez de la readecuación contractual con CAPSA. La iniciativa propone además suspender nuevos convenios mientras se tramita el proceso judicial.
El concejal Leandro Costa Brutten, del bloque Incluyendo Bariloche, presentó un proyecto de ordenanza que busca que sea la Justicia quien defina de manera definitiva la validez de la readecuación contractual del Cerro Catedral con la empresa Catedral Alta Patagonia S.A. (CAPSA). Según sostienen desde el bloque, esta controversia nunca tuvo un pronunciamiento judicial de fondo y sus consecuencias impactan directamente en el futuro del principal centro de esquí del país.
La iniciativa hace referencia específicamente a la readecuación contractual aprobada mediante la Ordenanza 2929-CM-18, vinculada al contrato de concesión del centro de deportes invernales. El proyecto encomienda al Ejecutivo Municipal promover, dentro de los 20 días corridos posteriores a la promulgación de la ordenanza, las acciones judiciales necesarias para obtener un pronunciamiento definitivo sobre la validez jurídica de dicha readecuación.
En caso de que la Justicia determine la invalidez de la readecuación contractual, el Municipio deberá avanzar también con la rescisión del contrato de concesión del Cerro Catedral. Paralelamente, el proyecto establece que el Tribunal de Contralor Municipal tendrá un plazo de 30 días hábiles para expedirse sobre el estado de cumplimiento del contrato y sobre la eventual existencia de incumplimientos que permitan sustentar una acción de rescisión.
Una de las medidas más significativas de la propuesta es la suspensión de cualquier nuevo convenio, contrato, adenda, permiso, autorización, modificación contractual o ampliación vinculada con la readecuación aprobada en 2018, mientras se tramite el proceso judicial. Esta suspensión alcanza también a nuevos proyectos, desarrollos, permisos de obra y modificaciones sobre terrenos afectados directa o indirectamente por el contrato. El objetivo es evitar que se consoliden nuevos derechos sobre una situación cuya validez jurídica todavía está en discusión.
La suspensión no afectaría aquellos actos estrictamente necesarios para garantizar la continuidad del servicio, la seguridad de las personas, el mantenimiento de la infraestructura existente y el cumplimiento de obligaciones esenciales. El Ejecutivo Municipal deberá informar mensualmente al Concejo sobre el avance de las acciones judiciales, incluyendo presentaciones realizadas, resultados obtenidos, cumplimiento de plazos procesales y acciones impulsadas en defensa del interés público municipal.
Cuando existan resoluciones judiciales relevantes, el intendente deberá informar al Concejo dentro de los cinco días hábiles posteriores a haber tomado conocimiento. En caso de que una sentencia firme declare inválida la readecuación contractual o disponga la rescisión, el Municipio deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio público, preservar el patrimonio municipal y asegurar el funcionamiento del centro de esquí.
La iniciativa también prevé que, dentro de los 180 días corridos posteriores a una sentencia firme, el Ejecutivo convoque a un proceso amplio de participación ciudadana. Este proceso deberá incluir audiencias públicas, consultas, talleres y otras instancias destinadas a definir el futuro modelo de administración, explotación y gestión del Cerro Catedral. Desde Incluyendo Bariloche sostienen que una decisión estratégica de esa magnitud debe construirse con la participación de vecinos, instituciones, trabajadores, usuarios y sectores vinculados con la actividad turística y deportiva.
Entre los argumentos del bloque figuran cuestionamientos relacionados con la ejecución de las inversiones previstas, la situación ambiental, el acceso de residentes al centro de esquí y el cumplimiento de obligaciones contractuales. También se menciona que la declaración pública del intendente sobre la posibilidad de recuperar el dominio y la gestión del Cerro Catedral refuerza la necesidad de avanzar por una vía institucional y judicial. ‘La principal naturaleza del contrato de concesión, que involucra bienes públicos y servicios esenciales para la comunidad, obliga al Municipio a actuar con especial responsabilidad para promover su rescisión cuando medien incumplimientos graves que lesionen el interés público’, sostiene el proyecto.
