La Justicia resolvió prorrogar hasta el 30 de agosto la investigación del caso del agente policial acusado de matar a su pareja en barrio Lera. El imputado permanecerá detenido hasta la audiencia de control de acusación, mientras se completan pericias balísticas y planimetrías del lugar del hecho.

La Justicia de Río Negro dispuso extender hasta el 30 de agosto la etapa de investigación penal preparatoria en la causa contra un agente de la Policía de Río Negro acusado de cometer el femicidio de su pareja en Bariloche. Durante una audiencia, el juez de Garantías César Lanfranchi homologó el acuerdo entre las partes y resolvió mantener la prisión preventiva del imputado hasta la realización de la audiencia de control de acusación.

La prórroga se fundamentó en la necesidad de completar medidas probatorias pendientes. Según se informó durante la audiencia, aún resta incorporar una ampliación de la pericia balística solicitada por la defensa del acusado, además de una planimetría con la representación gráfica del lugar del hecho requerida por la Fiscalía. Estas diligencias motivaron el acuerdo entre las partes para extender el plazo de investigación.

La defensa manifestó su conformidad con la prórroga y con la continuidad de la medida cautelar durante ese período, aunque reiteró sus cuestionamientos respecto de los riesgos procesales invocados por el Ministerio Público Fiscal. Por su parte, el fiscal jefe Martín Lozada y la fiscal Sofía Ocampo sostuvieron que continúan vigentes tanto el riesgo de fuga como el de entorpecimiento de la investigación, fundamentos que justifican el mantenimiento de la prisión preventiva.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que la prueba incorporada durante la investigación fortaleció la acusación y recordaron que, por la calificación legal atribuida, el imputado enfrenta una eventual pena de prisión perpetua. Argumentaron además que el acusado no posee arraigo en la provincia y que, debido a su condición de integrante de la Policía de Río Negro, conoce los procedimientos y mecanismos de control, circunstancia que incrementa el riesgo de evasión.

La Fiscalía también sostuvo que el imputado podría intentar influir sobre efectivos policiales que participaron de distintas diligencias o sobre personas que eventualmente deberán declarar como testigos durante el proceso. En ese contexto, consideró que alternativas como la prisión domiciliaria o el monitoreo electrónico no resultan suficientes para asegurar el normal desarrollo de la causa.

La querella respaldó la solicitud de la Fiscalía y recordó que los riesgos procesales ya habían sido analizados y ratificados en una instancia de revisión anterior. La situación procesal del imputado volverá a ser evaluada en la audiencia de control de acusación.

Según la acusación, el hecho ocurrió durante la madrugada del 30 de julio de 2025 en una vivienda del barrio Lera. La investigación sostiene que el imputado habría efectuado un disparo a corta distancia con su arma reglamentaria, provocándole la muerte a su pareja. La causa fue calificada provisoriamente como homicidio agravado por el vínculo, por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio) y por el uso de un arma de fuego.