El Gobierno nacional reestructuró el área de Ambiente con cambios que generan polémica. La Dirección de Bosques Nativos perdió jerarquía al pasar de nivel III a Coordinación de nivel IV, mientras que se eliminaron las direcciones específicas dedicadas al cambio climático y gestión de compromisos internacionales.

El Gobierno nacional llevó adelante una profunda reestructuración del área de Ambiente que incluye la reducción de jerarquía en sectores estratégicos y la eliminación de estructuras específicas dedicadas al cambio climático, en el marco de lo que oficialmente se presenta como una ‘optimización de la gestión estatal’.

Entre los cambios más significativos, la Dirección de Bosques Nativos fue degradada de nivel III a Coordinación de nivel IV, lo que implica una pérdida concreta de rango dentro del organigrama del Estado. Aunque el área mantendrá funciones operativas vinculadas a la aplicación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos, la modificación supone menor autonomía administrativa y reducción en su capacidad de decisión.

Pero el ajuste también alcanzó de lleno a la agenda climática. El decreto elimina completamente las unidades específicas que abordaban esta temática: fueron derogadas tanto la Dirección Nacional de Desarrollo Sostenible y Gestión Climática como la Dirección de Impacto Climático, áreas que tenían a su cargo el diseño de políticas de mitigación y adaptación frente al cambio climático.

Esta última dependencia cumplía funciones clave como la definición de metas para la reducción de emisiones y el monitoreo de los compromisos asumidos por Argentina en el marco del Acuerdo de París, incluyendo la actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), que establecen los planes de acción climática de cada país.

A partir de la reestructuración, las políticas vinculadas a eventos climáticos extremos y la implementación de la Ley 27.520 quedarán bajo la órbita de la Dirección Nacional de Biodiversidad, Relaciones Ambientales y Cooperación, lo que implica una reorganización de funciones dentro de un área mucho más amplia y con múltiples responsabilidades.

La medida genera preocupación en distintos sectores ambientalistas y técnicos, que advierten que estos cambios podrían significar un debilitamiento del enfoque ambiental del Estado, al reducir la jerarquía de áreas estratégicas y diluir el tratamiento específico de problemáticas como el cambio climático. En ese contexto, la reconfiguración del área vuelve a poner en discusión el lugar que ocupa la política ambiental dentro de las prioridades del Estado nacional.