La concejala Samantha Echenique planteó que ciertos temas se traten sin presencia de vecinos, luego de dos hechos violentos en menos de dos meses. La propuesta generó un fuerte debate sobre la participación ciudadana y choca con el reglamento vigente.

El año 2026 arrancó convulsionado para el Concejo Municipal de Bariloche, con al menos dos episodios de violencia que marcaron la actividad legislativa local. Primero, durante el acto de apertura de sesiones, un funcionario público agredió a golpes de puño a un manifestante. Luego, en el cuarto intermedio de la sesión por el pliego del Vertedero, referentes vecinales atacaron a un trabajador de prensa y a concejales.

Los hechos derivaron en exposiciones policiales, denuncias ante el Ministerio Público Fiscal y pedidos de investigación ante el Tribunal de Contralor. En este contexto, la concejala de Juntos Por el Cambio, Samantha Echenique, propuso una medida que encendió la polémica: que las sesiones para ciertos temas se lleven a cabo sin presencia de vecinos.

‘No significa coartar la publicidad, porque entiendo que tenemos que ordenar la mecánica de discusión que hemos tomado. Creo que los límites, ante lo acalorado de un tema —y hay muchos temas para discutir que son acalorados porque tenemos posiciones dicotómicas en la sociedad—, la cosa pierde contención rápidamente’, expresó la edil.

Echenique aclaró que su preocupación es institucional y que el personal permanente del Concejo y los asesores no deberían estar expuestos a ese nivel de agresividad. ‘Pedí que en algunos temas se trabaje a puerta cerrada con invitados, para no cortar la participación de los actores implicados, pero buscando otros mecanismos para organizar el espacio y la discusión’, agregó.

Por su parte, la edila de Juntos Somos Río Negro, Laura Totonelli, planteó una postura diferente. Sin oponerse del todo a reforzar la seguridad, prefirió no avanzar sobre la presencia ciudadana y propuso medidas de control físico del espacio. ‘Tiene que haber una responsabilidad desde la conducción del Concejo Deliberante en términos de poder garantizar la integridad física de cada una de las personas que estamos aquí. Si es necesario poner detectores de metales para evitar estas situaciones, hay que considerarlo’, señaló.

Sin embargo, cualquier propuesta de sesiones cerradas choca con el reglamento interno vigente. Los artículos 38 y 42 son categóricos: las sesiones son públicas y pueden ser presenciadas por quienes así lo deseen. Desde el área de Protocolo del Concejo, Matías Pellegrini aseguró que no hay intenciones de modificar la reglamentación. ‘Las sesiones deben ser públicas. La línea del presidente del Concejo, hoy no es esa. No hay una intención de limitar la participación ciudadana’, afirmó.

La Defensora del Pueblo, Mariana Minuth, fue una de las voces más críticas ante la propuesta de Echenique. ‘¿Qué nos está pasando como sociedad, como comunidad y a nivel institucional que surgen tales hechos de violencia? Esa es la pregunta en la que más haría énfasis, más que en si se debe usar un detector de metales o si debe haber presencia ciudadana’, exclamó.

En la misma línea se pronunció Julieta Wallace, edila de Incluyendo Bariloche: ‘Totalmente en desacuerdo en que se restrinja la presencia de público en las sesiones o comisiones del Concejo. Por definición el poder legislativo es la casa del pueblo, imagínate si cerramos esa puerta. Estaríamos incluso yendo en contra de nuestra carta orgánica y de todo el sistema democrático’.

Hasta el momento no existe ningún proyecto de ordenanza formal para modificar el reglamento interno. El debate quedó parcialmente eclipsado por la apertura de la Comisión Especial de Participación Ciudadana por el vertedero municipal, una instancia que apunta en la dirección contraria: incorporar la voz de la comunidad al tratamiento legislativo. Existe una tensión de fondo: las propuestas se concentran en regular el comportamiento del público, pero no centran sobre el accionar de los propios funcionarios, cuando precisamente fue un funcionario público quien quedó imputado por lesiones tras agredir a un manifestante.