Un joven de 15 años de la zona atlántica de Río Negro quedó huérfano tras perder a ambos padres en menos de un mes. Su hermana de 25 años solicitó ser designada tutora legal, y la Defensa Pública promovió una acción judicial para regularizar la situación y garantizar la protección de sus derechos.

La vida de L., un adolescente de 15 años que vive en una localidad de la zona atlántica de Río Negro, cambió drásticamente en pocas semanas. En mayo de 2025 falleció su padre y, apenas un mes después en junio, murió también su madre. El joven quedó atravesado por un doble duelo y al cuidado de sus hermanos y hermanas.

Tras la pérdida de sus padres, L. quedó a cargo de cuatro de sus hermanos, quienes asumieron de manera cotidiana su acompañamiento emocional, económico y afectivo. Gracias a esa contención familiar, el adolescente pudo mantener su vida cotidiana: continúa asistiendo a la misma escuela, preservó sus vínculos sociales, sigue practicando el mismo deporte y mantiene su centro de vida y las actividades que forman parte de su desarrollo personal.

Ante esta situación, una de sus hermanas, de 25 años de edad, solicitó hacerse cargo legalmente del joven. En respuesta, el Ministerio Público de la Defensa promovió una acción de tutela para que ella sea designada formalmente como su tutora legal. La medida busca garantizar la protección integral de los derechos del adolescente y permitir que su hermana pueda representarlo en las decisiones y trámites legales vinculados con su vida cotidiana.

La presentación realizada por la Defensa Civil de San Antonio tiene como objetivo regularizar legalmente, sin modificar el entorno familiar, una dinámica de cuidado que ya existe y que viene siendo sostenida por la joven y el resto de la familia. El defensor de pobres y ausentes solicitó además, como medida cautelar, el otorgamiento de una tutela provisoria.

En el marco de la medida cautelar, se pidió también que las asignaciones familiares, ayuda escolar y demás subsidios puedan ser percibidos por la hermana mientras dure el proceso judicial. El objetivo es asegurar la continuidad de los recursos necesarios para el bienestar, la educación y el desarrollo de L.

El expediente judicial incluye además la solicitud de que el adolescente sea escuchado por el Juzgado multifueros, con intervención de la Defensoría de la Niñez y del Equipo Técnico Interdisciplinario. De esta manera se respeta su derecho a expresar su opinión, para que sus deseos sean tenidos en cuenta en todas las decisiones que lo involucran.

Todo el proceso se enmarca en el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, priorizando la estabilidad emocional, los vínculos afectivos y la continuidad de su proyecto de vida. La presentación incorpora también una nómina de testigos que podrán ser convocados para dar cuenta de la dinámica cotidiana y del acompañamiento que brinda esta familia al adolescente.