Con el regreso de los sistemas de fotomultas en rutas rionegrinas, el diputado provincial Javier Acevedo advirtió que estos dispositivos deben cumplir una función preventiva y no recaudatoria. El legislador recordó que la ley provincial establece requisitos específicos de señalización y transparencia que deben respetarse.

El retorno de radares y fotomultas a las rutas de Río Negro reabrió el debate sobre la verdadera finalidad de estos controles de velocidad. En este contexto, el legislador provincial Javier Acevedo, presidente del bloque CC-ARI Cambiemos y autor de la Ley Provincial N.º 5726, planteó que estos dispositivos ‘deben servir para prevenir accidentes y no para recaudar’.

El diputado sostuvo que la utilización de radares ‘solamente tiene legitimidad social’ cuando cumple una finalidad preventiva vinculada a la seguridad vial y al ordenamiento del tránsito. Para ello, remarcó que la normativa vigente obliga a que los controles electrónicos respeten una serie de protocolos técnicos y legales.

Entre los requisitos que establece la ley provincial se encuentran la homologación y certificación de los equipos, la correcta señalización preventiva y la identificación visible de las velocidades máximas permitidas. Además, la norma exige la publicación de los puntos de control autorizados, auditorías periódicas sobre calibración y funcionamiento de los dispositivos, y el respeto del debido proceso administrativo y del derecho de defensa de los conductores.

Uno de los aspectos centrales del planteo de Acevedo se vincula con la señalización previa de los radares. El legislador explicó que los estándares técnicos compatibles con el manual de la Dirección Nacional de Vialidad establecen que cada control electrónico debe contar con al menos dos carteles informativos previos.

Según detalló, el primer cartel debe ubicarse entre 500 y 1.000 metros antes del radar, mientras que el segundo debe instalarse entre 250 y 500 metros previos al dispositivo. Adicionalmente, inmediatamente antes del control debe colocarse la señal reglamentaria que indique la velocidad máxima permitida.

Para Acevedo, si el conductor ‘descubre el control cuando ya tiene el equipo encima’, el sistema pierde su sentido preventivo y pasa a tener un perfil meramente recaudatorio. ‘El espíritu de la ley fue evitar mecanismos sorpresivos o discrecionales’, afirmó el legislador.

El dirigente también recordó que la regulación provincial se apoya en distintas normas nacionales, entre ellas el Manual de Señalamiento Vertical de la DNV, el Decreto 779/95 y disposiciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) vinculadas a la publicidad y visibilidad de los controles.

Más allá de reclamar transparencia en la instalación de radares, Acevedo consideró que los controles deben formar parte de una política integral de seguridad vial, acompañada por campañas de concientización, mejoras en infraestructura y prevención en rutas de alta circulación.

‘No estamos discutiendo la importancia de controlar excesos de velocidad. Estamos diciendo que esos controles deben realizarse con reglas claras, información visible y estricto cumplimiento de las garantías previstas por la ley’, concluyó el legislador provincial.